Ley de Donaciones Culturales

La ley de donaciones con fines culturales es un mecanismo que fomenta la intervención privada, tanto de empresas como de personas, en el financiamiento de proyectos artísticos, patrimoniales o culturales.

Este mecanismo – impulsado por el entonces senador de la República Gabriel Valdés Subercaseaux y bajo el gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar – está consagrado en el artículo 8º de la Ley Nº 18.985, de Reforma Tributaria y fue aprobado en junio de 1990 por el Parlamento. En el citado artículo 8º, que por sí mismo constituye una ley, se apunta a poner a disposición de la cultura nuevas fuentes de financiamiento, para beneficiar a la más amplia gama de disciplinas, actividades, bienes y proyectos artístico-culturales.

La legislación estimula la colaboración pública-privada, en la medida en que establece que el Estado y el sector privado participen en el financiamiento de los proyectos culturales que se acogen a este beneficio. El Fisco aporta al financiamiento mediante un crédito equivalente- en casi la totalidad de los tipos de donantes – a la mitad de la donación, lo que significa en la práctica una renuncia del Estado al cobro de esa parte del tributo.

La alta demanda por bienes y servicios de cultura ha provocado que la ley haya sufrido una serie de modificaciones. El año 2001 – bajo el impulso del gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar – se aprobó una reforma que incorporó nuevos beneficiarios, autorizó al Comité Calificador de Donaciones Culturales para aprobar proyectos que contemplaran la presentación de espectáculos y exposiciones pagadas bajo condiciones específicas, abrió la posibilidad de que el Fisco contribuyera al financiamiento de proyectos que fueran ejecutados en regiones distintas de la Metropolitana y se autorizó la donación en especie para aquellos donantes que tributaran en Primera Categoría.

El año 2013, bajo el impulso del Presidente Sebastián Piñera Echenique, se promulgó una nueva ley de donaciones con fines culturales N°20.675 que fundamentalmente amplía de dos a seis tipos de donantes e incorpora como nuevos beneficiarios a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y, por primera vez, a los propietarios de inmuebles patrimoniales. Así también, amplía los plazos de ejecución de las iniciativas y establece mecanismos de seguimiento y fiscalización de los proyectos.